Por qué un gobierno no debe decidir qué es verdad y qué no y por qué la lucha contra la desinformación no se puede hacer desde órganos no independientes del gobierno

La desinformación es un problema que afecta no sólo a nuestra democracia, sino a la Democracia con mayúscula y su solución no puede depender únicamente del Gobierno, sino que debe ser construida a partir de la colaboración de diferentes actores que luchan de manera independiente contra la mentira. Sólo de esa manera se puede garantizar que no se lesiona el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Maldita.es formó parte del grupo de expertos Alto Nivel de la Comisión Europea contra las fake news y la desinformación. En el informe que redactamos y que sirvió de base para el Plan de Acción contra la desinformación que presentó en 2018 la Comisión Europea se especificaba un escepticismo hacia cualquier regulación de contenido. Además, se elaboraron una serie de recomendaciones entre las que cabe destacar la insistencia en un enfoque colaborativo que involucre a todos los actores relevantes, con un proceso previamente estructurado que documentase el progreso realizado y señalase a aquellos actores que no se tomen sus responsabilidades seriamente.

La propia Comisión Europea, en la consulta pública sobre el Plan de Acción Europeo sobre la Democracia, señala la opción de crear órganos de supervisión independientes con poderes para investigar las irregularidades denunciadas como una iniciativa que podría tomarse a nivel nacional para fortalecer el seguimiento y la aplicación de las normas electorales y apoyar la integridad de las elecciones. En ningún caso propone que estos organismos dependan de los estados miembros.

La lucha contra la desinformación: una cuestión de Estado, no de partidos

No contar con la oposición para buscar soluciones en un problema de país aleja estas soluciones; no contar con periodistas, medios y asociaciones de prensa demuestra desconocimiento sobre cómo atajar el problema; y no contar con los verificadores independientes hace que cualquier intento de verificación que haga este organismo carezca de credibilidad, agravándolo aún más.

¿Qué se ha aprobado?

Pues el mayor problema es que es tan ambiguo que no está muy claro. El 5 de noviembre se publicaba en el BOE el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional el 6 de octubre de 2020. ¿Qué es lo que dice este plan?

Según el BOE, este procedimiento gubernamental ayudará a «mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido» y tiene los siguientes objetivos:

• Identificar y definir los órganos, organismos y autoridades del sistema.
• ­Establecer los niveles para la prevención, detección, alerta temprana, análisis, respuesta, y evaluación.
• ­Describir los cometidos específicos implicados para los niveles establecidos en la lucha contra la desinformación.
• ­Definir los mecanismos establecidos para el intercambio de información en los niveles estratégico, operacional y técnico.
• ­Determinar los mecanismos de evaluación de la implementación y funcionamiento del procedimiento.
• ­Definir una metodología para la identificación, análisis y gestión de eventos desinformativos.
• ­Proponer el marco y la composición de un equipo de trabajo ad hoc para la elaboración y revisión de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Desinformación.

El procedimiento aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional incluye seis organismos responsables para luchar contra la desinformación: el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil. Pero de estos últimos se señala que “se podrá solicitar su colaboración” en caso de que “se considere relevante”. Es decir, que no tienen por qué contar con el resto de organizaciones involucradas en este proceso y que deberían formar parte de la solución.

Y quedan muchas dudas:

• ¿Quién decidirá qué es real y qué no? ¿Quién decidirá qué se comprueba y qué no?
• ¿Quién decidirá qué se monitoriza y qué no? ¿Con qué metodología?
• ¿Qué es una “noticia falsa»? ¿Una opinión puede serlo? ¿Cómo se califica una noticia satírica que se viraliza como real? ¿Quién dirá qué es satírico y qué no lo es?
• ¿Quién ordenaría la eliminación de contenidos?
• Si es un juez, ¿quién denunciará ante la fiscalía los contenidos falsos? ¿Cualquier usuario? ¿Una institución? ¿Un comité?
• ¿Se cerrarán webs que publiquen de contenidos falsos? ¿Quién lo ordenará?
• ¿Qué es una web de noticias falsas? ¿Qué porcentaje de ellas debe tener para que se le considere cómo tal?
• Si esas webs que se lucran con la publicación de noticias falsas no están en España pero están enfocadas a sus ciudadanos, ¿se prohibirá su acceso desde nuestro país? ¿Cómo se haría esto?
• ¿Pretende el Gobierno secuestrar publicaciones digitales impidiendo que las plataformas permitan su publicación? ¿Cómo piensa hacer eso? ¿Cree el Gobierno que las plataformas colaborarán?
• ¿Cómo tienen pensado parar las imágenes falsas, las cadenas falsas de whatsapp, los pantallazos que no se corresponden con la realidad y otras formas de desinformación no directamente ligadas a un link o una web?
• ¿Van a invertir en alfabetización mediática y tecnológica?

La mera posibilidad de la creación de «comités de la verdad» desde los gobiernos crea una normal alarma; no contar con los partidos con representación parlamentaria antes de su publicación en el BOE, ni con asociaciones de prensa, expertos, constitucionalistas, ni con verificadores independientes pone en duda las intenciones de dicho gobierno de que este organismo sea independiente.

Los gobiernos no deben desmentir contenidos de medios de comunicación de prensa, radio y televisión, como ha afirmado la ministra de Exteriores Arancha González Laya, y tampoco puede hacerlo un comité nombrado por un Gobierno. ¿Quién, entonces, destapará las mentiras del propio gobierno? 

La lucha contra la desinformación requiere independencia, metodología, apartidismo y transparencia. Sí a los organismos colaborativos, multidisciplinares e independientes, pero un no rotundo a órganos nombrados a dedo por gobiernos.

Unas horas después de su publicación en el BOE, la Secretaría de Estado de Comunicación ha emitido una nota aclaratoria en la que señala que «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones» y que «tiene como finalidad evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país». Sin embargo, como decíamos, el texto es tan ambiguo que queda abierto a interpretaciones.

Pero, ¿y los peligros de las amenazas externas?

Monitorizar peligros desinformativos es algo que se viene haciendo desde hace tiempo para frenar las posibles amenazas externas y entra dentro de la estrategia europea. Sin embargo, la monitorización de ciudadanos y medios por parte de un gobierno o un comité nombrado por él para ver qué dicen y abrir la posibilidad de censurarles si consideran que lo que dicen es desinformación es otra cosa. Si este es el fin de la orden, nos tendrá en contra. Un gobierno no debe hacer esto, tampoco un comité nombrado por él. El Gobierno debe aclarar en su procedimiento que el fin único de este comité es la vigilancia de injerencias extranjeras: a día de hoy eso no lo especifica la orden.

El papel de los gobiernos en la lucha contra la desinformación

¿Es la desinformación un problema en el que se tienen que implicar los gobiernos? Claro, pero no puede formar parte de una lucha partidista que polarice aún más y que restrinja derechos a la ciudadanía. No puede darse sin asociaciones de prensa, sin tener en cuenta una pata de educación mediática y sin los verificadores independientes.

El Gobierno debe apoyar el trabajo de los medios y los verificadores independientes, debe apoyar la educación mediática, debe trabajar junto a las plataformas para que sean transparentes y detengan la desinformación en sus plataformas. Un Gobierno no debe nombrar comités contra la desinformación.